Resumen: La inexistencia de la violación del derecho fundamental de huelga exime del análisis del último grupo de alegaciones de los recurrentes, sobre los daños y perjuicios, pues su causación dependía de la efectiva vulneración del derecho,los servicios propuestos por la empresa eran los estrictamente imprescindibles (mínimos) en las diversas áreas de actividad "para mantener y velar por la seguridad de las personas y de las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la empresa. Resulta acreditado que durante la Huelga de diciembre de 2021 no se realizaron labores de avance en la mina, sino que sólo se atendió la seguridad, siendo indispensable la realización de sostenimiento y relleno, labores que según declara deben realizarse todos los días, pues si se paran se incrementa el riesgo en la mina, habiendo depuesto que sí se pude parar el relleno durante una horas pero no sería posible por tanto durante jornadas completas en sucesivos días. Por tanto, llega a la conclusión de que no sería viable imponer los servicios mínimos que pretenden los actores, en base a su informe, y que se mantuvieron en huelgas anteriores que eran solo paros parciales, por el riesgo que supondrían.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la medida que amplia la exigencia de certificado Covid digital. Alegado incumplimiento de los trámites de aprobación de las disposiciones generales, la Sala considera que si la Ley General de Sanidad habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas en él contempladas sin necesidad de la instrucción previa de un procedimiento administrativo cuando resulten necesarias para la protección de la salud, no será necesario tampoco para disposiciones generales, máxime su carácter provisional y urgente. Respecto a la regulación de materias reservadas a la ley, es a la Administración autonómica a la que compete garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas, de promoción de la salud y de prestaciones sanitarias individuales teniendo cobertura en las diversas leyes reguladoras de la salud pública, descartando se vulnere con esta medida derechos fundamentales. Respecto de la eficacia de la prolongación, en este caso obran dos informes elaborados por organismos de dos Administraciones públicas que, en gran medida, son contradictorios, optando el Tribunal por seguir las conclusiones de la ponencia del Ministerio de Sanidad antes que la autonómica y concluye que hay más argumentos en contra que a favor de la ampliación de la medida.
Resumen: PRIMERO.- El juzgado de lo social número dos de Vitoria-Gasteiz ha dictado sentencia desestimatoria el 21/02/2022 en el procedimiento de conflicto colectivo sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo interpuesto por la confederación sindical CCOO contra la decisión empresarial adoptada por la demandada SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA consistente en la supresión a partir de 01/08/2021 del servicio de autobús habilitado por la demandada desde 1999 para el traslado de la plantilla al polígono industrial de Jundiz donde se encuentra el centro de tratamiento automatizado de Vitoria.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto por el que se modifican las medidas sanitarias adoptadas durante la crisis sanitaria originada por la Covid 19 tras haber superado la fase 3ª del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Composición y funciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: las actuaciones coordinadas en salud pública y las medidas en que se traducen, que aquél aprueba, tienen por directo destinatario a las autoridades sanitarias autonómicas como interlocutores de la administración del Estado, a quienes vinculan. Marco legislativo que permite a la administración competente adoptar y acordar limitaciones y medidas, en condiciones de urgencia y necesidad. No existe pérdida sobrevenida del objeto pues, como indica el recurrente, a pesar de haber sido sustituida la resolución impugnada por otras posteriores, la realidad es que el objeto del actual recurso estuvo vigente y ha de someterse al control judicial, ostentando el recurrente interés legítimo en el recurso interpuesto.Se concluye la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas sobre una base científica.
